SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció la creación formal de la Unidad Antifraude dentro de la Contraloría General de la República, durante su intervención en La Semanal con la Prensa. Aunque sus funciones ya se venían ejecutando desde 2021, esta iniciativa queda oficializada mediante el Decreto 382-25, con base en el artículo 14 de la Ley 10-07.
Desde su puesta en funcionamiento, la Unidad Antifraude ha fortalecido su rol técnico y preventivo dentro de la Contraloría General de la República. Entre 2020 y 2024; también ha realizado 368 colaboraciones con la Procuraduría General de la República (PGR), contribuyendo en investigaciones clave contra la corrupción.
Además, ha ejecutado 31 acciones preventivas orientadas a evitar irregularidades en el uso de recursos públicos, así como 20 análisis financieros forenses que permitieron rastrear operaciones sospechosas dentro de distintas instituciones estatales.
En ese mismo período, la unidad también procesó 72 análisis de denuncias recibidas, canalizadas principalmente a través de mecanismos ciudadanos y auditorías internas.
ENFRENTAN IMPORTANTES CASOS CORRUPCION
Abinader destacó que su gestión ha enfrentado importantes casos de corrupción, varios de los cuales ocurrieron durante su mandato. Entre los más relevantes se encuentran:
Operaciones Calamar, 13, CESTUR, INTRANT
Casos relacionados con Agricultura, MINERD, INAIPI, Asfalto
Contratos con Dekolor, Pago RD y pagos sospechosos en temas de seguridad
MONITOREO PREVENTIVO DE CONTRATACIONES
La Contraloría, bajo el lema “bloquear la corrupción antes de que ocurra”, ha implementado un sistema de monitoreo con resultados contundentes:
RD$853 mil millones supervisados en procesos de compras públicas
517 procesos detenidos o cancelados por sospechas de irregularidad
112,000 alertas emitidas a instituciones estatales
Además, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, indicó que se han desplegado oficiales de cumplimiento en 30 instituciones que manejan el 80% del presupuesto nacional. Estas acciones son respaldadas por un software que permite la detección temprana de fraudes.
LEY QUE AMPARA MEDIDA
La Unidad Antifraude se ampara en el artículo 14 de la Ley 10-07, que otorga a la Contraloría la facultad de:
Evaluar el control interno de entidades públicas
Proponer mejoras constantes al sistema
Supervisar la captación y registro de ingresos estatales
Informar resultados al Poder Ejecutivo
Nueva ley permitiría al Estado contratar publicidad sin concurso
Si el Congreso Nacional aprueba totalmente la propuesta para una nueva Ley de Contrataciones Públicas, el Estado podrá contratar publicidad en los medios de comunicación a través de procedimientos de excepción que, en esencia, permitirán que la propaganda sea concertada sin pasar por los procedimientos ordinarios.
El proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, que ya fue aprobado en dos discusiones en la Cámara de Diputados, establece en su artículo 78 que la contratación de publicidad a través de medios o plataformas se hará bajo el proceso de excepción, el que la misma propuesta define como un procedimiento donde se exceptúa "el rigor de los procedimientos ordinarios, se reducen los plazos previstos y se limitan las reglas de competencia por su naturaleza especial".
Esto implica que una institución pública pueda contratar una campaña en televisión, radio, prensa escrita o redes sociales sin concurso de precios ni un proceso competitivo, "siempre y cuando la institución contratante realice la contratación directamente con los medios o plataformas, sin hacer uso de intermediarios", de acuerdo con el citado artículo.
En el artículo 79 se observa que el uso de cualquiera de los métodos de excepción que indica la ley siempre deberá estar justificado y motivado en una resolución del Comité de Contrataciones Públicas de la institución contratante.
Informe de publicidad
El Gobierno dominicano redujo considerablemente su colocación publicitaria en el primer cuatrimestre del 2025 en comparación con el mismo período del 2024, de acuerdo con un análisis de Participación Ciudadana, en su capítulo de Transparencia Internacional.
El movimiento no partidista señaló que en los primeros cuatro meses del 2024 se colocaron 3,121 millones de pesos en contratos de publicidad. Sin embargo, esa cifra se redujo a 2,445 millones de pesos, en el 2025, lo que representa una disminución del 21.65 %.
La entidad criticó que no se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. También que no hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Otras disposiciones
Además de procesos especiales para la contratación de publicidad, el proyecto aprobado por los diputados establece que las instituciones deberán adquirir productos o servicios a través de una plataforma oficial en línea llamada "Tienda Virtual", siempre que los artículos estén disponibles allí.
Solo podrán salirse de ese mecanismo si demuestran que otro proveedor ofrece mejores condiciones, y previa autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Además, la pieza institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, una plataforma donde deberán registrarse todas las fases del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre.
Cualquier contratación realizada fuera del sistema no tendrá validez legal y podría ser sancionada.
Asimismo, el proyecto da estatus legal a las comisiones de veeduría, formadas por miembros de la sociedad civil, con el objetivo de observar, vigilar y emitir informes sobre los procesos de contratación de las instituciones públicas.
Aunque no tienen poder vinculante, sus observaciones podrán servir de base para investigaciones o auditorías.
Aprobaciones
El proyecto de Ley de Contrataciones Públicas ya pasó las dos discusiones en la Cámara de Diputados.
Al ser leído y autorizado sin trabas, el proyecto se reenviará al Senado, donde originalmente nació la pieza y se aprobó hace meses.
Si el Senado aprueba el proyecto, tal como lo hicieron los diputados, quedará en las manos del Poder Ejecutivo, que deberá observarlo o promulgarlo para su entrada en vigencia como una ley.
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